Las cooperativas piden presencia en los contratos públicos

El presidente del sector sociosanitario de la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta), Andrés Rodríguez, reivindicó la necesidad de incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos administrativos promovidos por la Administración andaluza. Lo hizo durante el I Congreso de Calidad e Innovación Social, organizado por Faecta. El sector de las cooperativas de trabajo solicita que se incluyan más cláusulas sociales, para revalorizar a estas empresas en las licitaciones públicas, frente a aquellas que no cumplan estos criterios.

De izquierda a derercha: Antonio Romero, Micaela Navarro y Andrés Rodríguez.

En la jornada se encontraba Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, quien declaró que las cooperativas realizan un papel fundamental en la prestación de los servicios de atención a la dependencia. Navarro destacó que desde su departamento se invierten 2,5 millones de euros diarios en la atención a las personas en esta situación y señaló que este año se prevé un aumento del 7% del presupuesto para esta partida, y abogó por establecer un control público en la prestación de estos servicios, armonizando la relación público-privada: “El compromiso debe ser público para garantizar el acceso a los recursos, pero la titularidad puede ser privada”, explicó.

Para apoyar la profesionalización del sector de la dependencia, desde Faecta se considera imprescindible impulsar políticas sociales basadas en la gestión profesional de prácticas responsables, centradas en los servicios que afectan a las necesidades básicas de la ciudadanía, entre las que están la asistencia a las personas en situación de dependencia. En este sentido, para garantizar la aplicación de estas prácticas responsables, se pide que se tengan en cuenta en la contratación con la Administración andaluza, criterios como el compromiso social, la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión y la asunción de la perspectiva de género.

Rodríguez remarcó que “mediante la inclusión de cláusulas sociales en las concesiones administrativas se refuerzan aquellas empresas que realicen prácticas socialmente responsables, entre las que están las cooperativas de trabajo asociado, que tienen este compromiso social como base de sus principios y de su labor empresarial”.

La inclusión de estas medidas no supone un coste añadido para las administraciones públicas y sí un beneficio para sectores como el cooperativo.

Rodríguez, también señaló que “incluir más cláusulas sociales es apoyar y priorizar la rentabilidad social frente al beneficio económico, favoreciendo la inserción laboral y apostando por la corresponsabilidad social entre administración, agentes sociales y empresas privadas”.

La aceptación de estas reivindicaciones por parte de la Administración supone un impulso para el sector cooperativo y un catalizador de emprendedores y generador de empleo aún en tiempos de crisis.