Sin crédito para pymes en Caja Castilla-La Mancha

Los graves problemas de liquidez de Caja Castilla-La Mancha, que motivaron que el Gobierno aprobara el pasado 29 de marzo un real decreto ley por el que se autorizaba la concesión de un aval del tesoro a la financiación que otorgue el Banco de España, por un importe máximo de 9.000 millones, han sumido en la incertidumbre a las pequeñas y medianas empresas manchegas.

El Gobierno español autorizó el 29 de marzo la financiación de 9.000 millones de euros concedida por el Banco de España a la caja castellano-manchega.

Los expertos indican que toda la operativa de crédito de la entidad ha sido paralizada, y coinciden en prever que todo apunta a una mayor restricción en las nuevas líneas de crédito. Esta situación afectará especialmente a las empresas con menores dimensiones y, en particular, a aquellas que actualmente trabajan con CCM y cuyas líneas tienen que renovarse próximamente. Esto último parece prácticamente imposible en estos momentos. El objetivo principal del nuevo equipo gestor es sanear la entidad y mejorar la gestión de riesgos, que es precisamente lo que ha derivado en la necesidad de su intervención.

Otras pymes que se pueden ver afectadas por la situación de CCM son las proveedoras de las grandes empresas participadas por la caja. Carlos Orduña, presidente del Registro de economistas asesores financieros, explica que “como en estos momentos toda liquidez es poca, muchas de las participaciones de la caja se irán liquidando ordenadamente”, lo que puede afectar de forma indirecta a las pymes vinculadas a esas empresas.

Actividad habitual

No obstante, los especialistas afirman que la actividad de la caja continuará de forma habitual a corto plazo merced a la financiación aportada por el Banco de España, aunque asumiendo muchos menos riesgos.

Así mismo, tampoco parecen correr peligro los fondos depositados en la entidad. No se ha reconocido una situación de quiebra, por lo que los fondos recibidos son temporalmente suficientes para afrontar los quebrantos y la morosidad. Además, la garantía, ampliada por el Gobierno en plena crisis financiera, es de 100.000 euros por persona en cuenta, cinco veces más que los 20.000 euros de octubre.