El posible cambio en el modelo económico y productivo
GRANDES TEMAS DEL COOPERATIVISMO: LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
Las cooperativas están pendientes de ver si se materializa el cambio en el modelo, tomando en cuenta al sector cooperativo. En la foto, socias de la cooperativa gallega Ardora. Foto: Archivo.
El Gobierno estima que es posible realizar un cambio en el modelo económico y productivo de España. Desde el pasado mayo, José Luis Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso de los Diputados, la elaboración y promulgación de una Ley de la economía sostenible, y ha venido abogando por dicho cambio.
La Ley de la Economía Sostenible, conocida ya como Les, tiene en la sostenibilidad su eje de desarrollo, articulado en tres vías: económica, medio ambiental y social, que a su vez desarrollan diversas líneas de actuación. Son las mismas líneas, más o menos desarrolladas, que desde el pasado agosto analizó el Consejo de Ministros, y que después de pasar por el tamiz de los agentes sociales han cuajado en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, y en trámite parlamentario.
Como se viene escuchando desde diferentes fuentes, el proyecto no parece que implique el cambio en el modelo económico y productivo. Sin embargo, incorpora una serie de medidas, herramientas o actuaciones que colocan la proa hacia el cambio de modelo. La Les, pretende comenzar a andar en sostenibilidad.
Según lo explica el propio Gobierno, en el texto publicado en su página web, en lo que respecta a la Mejora del entorno económico, anuncian “una profunda reforma horizontal de las estructuras y normas de funcionamiento de los organismos reguladores con el fin de dotarlos de mayor independencia, transparencia y publicidad en sus actuaciones, mejorar su estructura de gobernanza y su sistema de rendición de cuentas. Entre las novedades destaca, la reducción del número de miembros de los consejos, la cooperación entre los organismos reguladores; asimismo, se propone la reforma de varias Leyes, entre ellas, la del Mercado de Valores, la Ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, una nueva regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones así como la libertad de elección de los asegurados”. Igualmente, prevén “la sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas, mediante un plan de austeridad y de calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura
Se cambiarán los organismo reguladores en en el sistema de rendición de cuentas del Estado
de la Administración Pública”. Además, proponen la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que se pueda agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos. Se generan mecanismos de colaboración entre el sector público y privado, mediante las sociedades de economía mixta, y se amplia el porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30% al 50%, con el objetivo de fomentar la participación de las pymes en la contratación pública.
Las demandas que la Economía Social pide en la nueva Ley de la Economía Sostenible
La entidad representativa de la Economía Social en España, Cepes, remitió al Gobierno, una serie de propuestas para que fueran incluidas en la Ley de la Economía Sostenible, concretadas en la importancia de contemplar la pluralidad de las diferentes formas de hacer empresas que existen en la economía, de tal manera que además de las fórmulas tradicionales se empiece a visualizar a las empresas de la Economía Social (incluye a las cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, mutualidades de previsión social, centros especiales de empleo). Instan al Gobierno a que se reconozca en la Les a aquellas empresas que trabajen por la cohesión social, generen empleo estable y de calidad y contribuyan a reforzar el espíritu empresarial, teniendo como línea de actuación la responsabilidad empresarial, así como mecanismos de solidaridad, participación, equidad de género. En resumen, que apuesten por un modelo de empresa sostenible, como el modelo de empresa de la Economía Social.
Respecto del eje La competitividad, la Les aboga por la reducción de plazos para la creación de empresas, a través de la reforma de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Destaca la reforma de la Ley de contratos del sector público, en lo que se refiere a la morosidad, “de forma que obliga a las Administraciones a abonar el pago en los 30 días siguientes a la expedición de las certificaciones de obra, destacando que a partir de 2013, se regula un plazo máximo de 60 días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte de cualquier contratado”. Igualmente se reforma la Ley del Catastro Inmobiliario, con el objeto de que los notarios y los registradores de la propiedad puedan remitir telemáticamente al catastro, dentro de los 20 primeros días de cada mes, la información relativa a los documentos por ellos autorizados.
En cuanto a la Sociedad de la Información, se va a reducir la tasa general de operadores de telefonía. Se propugna la utilización de la banda ancha universal, o la utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencia de 900 MHz.
Dentro de este mismo eje y en concreto, en el dedicado a la Ciencia e Innovación, el texto propone la promoción de los derechos de propiedad industrial, así como el fomento de la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, promovidas por las universidades y los organismos públicos de investigación, para realizar la explotación económica de los resultados de I+D obtenidos por los investigadores.
La Les pretende reducir los plazos para crear empresas y acotar los plazos de pagos de las administraciones
Internacionalización
Igualmente, dentro de la Competitividad, se destaca el apartado de la Internacionalización, en base al cual se amplía el concepto de internacionalización, considerando que un proyecto será de interés para la internacionalización y, por tanto, prioritario para la política comercial española siempre que tenga un impacto positivo en la cadena de valor de las empresas españolas. Destaca, como novedad, la adaptación del sistema español de apoyo financiero a la internacionalización, mediante la reforma de la ley que regula el régimen del seguro de crédito a la exportación.
También dentro de la Competitividad, se recogen las novedades respecto de la Formación Profesional, mediante la promoción de una oferta integrada de formación profesional y formación para el empleo, así como el reconocimiento de las competencias profesionales, la flexibilización en la organización de los programas formativos, y, una formación profesional de proximidad.
La deducción por compra de vivienda se equipara fiscalmente al alquiler, y se impulsa la rehabilitación
El eje de la Sostenibilidad medioambiental, fija como objetivo nacional la reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo de un 20% de energías renovables sobre el total de consumo de energía, para el año 2020. Se promueve un transporte y movilidad sostenible, así como el ahorro y la eficiencia energética, “adelantándose a 2016 el objetivo de ahorro energético por parte de la Administración General del Estado de un 20%”. Prevén “una planificación integral del sistema eléctrico”, así como el impulso a la rehabilitación de la vivienda, mediante la renovación y rehabilitación de núcleos urbanos, así como la reforma de la Ley hipotecaria.
El eje de las Medidas fiscales contempla un impulso de la I+D+i, la deducción por la compra de vivienda habitual, la equiparación fiscal del alquiler y compra de vivienda, así como el impulso a la rehabilitación, “ampliándose el concepto de rehabilitación en el IRPF para que se puedan incluir tanto las rehabilitaciones estructurales de viviendas, como las rehabilitaciones funcionales para mejorar la eficiencia energética” (contemplada en el eje de Sostenibilidad medioambiental). Se mantiene la deducción medioambiental, se introduce una mayor progresividad en la tributación de las retribuciones plurianuales, y se fomenta el transporte público mediante la exención en el IRPF del chequetransporte hasta un máximo anual de 1.500 euros.
