El Parlamento Europeo reconoce la economía social
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el informe sobre economía social, en el que reconoce al sector como un “enfoque diferente de la empresa” cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera sino los beneficios para toda la sociedad.
Así, el Parlamento insta a que las particularidades de la economía social se tomen debidamente en cuenta en la elaboración de los marcos jurídicos. La aprobación, que tuvo lugar el pasado 19 de febrero por mayoría absoluta – 580 votos a favor, 27 en contra y 40 abstenciones-, ha marcado un antes y un después en el reconocimiento de la economía social. El informe había sido presentado como iniciativa propia sobre la economía social por la europarlamentaria Patrizia Toia.
En la emisión de este informe se ha considerado que la economía social “se basa en un paradigma social acorde con los principios fundamentales del modelo social y de bienestar europeo, y que la economía social desempeña hoy un papel clave en la preservación y el fortalecimiento de dicho modelo, al regular la producción y la oferta de numerosos servicios sociales de interés general”.
Ante esta realidad, el Parlamento reconoce los valores de los modelos de empresa que integra la economía social, para poder alcanzar los objetivos de crecimiento económico, empleo y servicios a las personas que son inherentes al conjunto de las políticas europeas.
Puntos clave que se incluyen en el informe aprobado por el Parlamento
La economía social desempeña una función como actor económico y social.
Sus empresas se caracterizan por una forma de emprender distinta a la de las empresas de capitales.
Por ello, en el informe se reconoce:
- El concepto de la economía social.
- Estatutos europeos para las asociaciones, las fundaciones y las mutualidades.
- Necesidad de estadísticas.
- La economía social como interlocutor social.
- Agente clave para el logro de los objetivos de Lisboa.
El Parlamento manifiesta que la economía social conjuga rentabilidad y solidaridad, al tiempo que viene desempeñando un papel “esencial” en la economía europea. Por un lado está generando empleo, que el documento llega a calificar “de calidad”, al tiempo que permite que se refuerce y construya la cohesión social, económica y territorial.
En el mismo informe se establece como precedente el reconocimiento jurídico de la economía social, reivindicación ampliamente solicitada desde los diferentes agentes de la economía social en Europa. Además, señala la necesidad de realizar evaluaciones de impacto para asegurar que las políticas europeas respetan los intereses de la economía social.
Así mismo, el informe reconoce otra de las reivindicaciones demandadas tanto por cooperativas como asociaciones, fundaciones, mutualidades y sociedades laborales integrantes de la economía social, como es la de ser un interlocutor social. A partir de esta declaración, se ha de tener en cuenta a la economía social, tanto en la interlocución precisa para promulgación de nuevas legislaciones como a la hora de proceder al diseño de nuevas políticas. El Parlamento llega incluso a lanzar una sugerencia tanto a la Comisión como a los Estados miembros para que impulsen “enérgicamente” el proceso de los agentes de la economía social en la concertación social y el diálogo civil.
Éstas son sólo algunas de las recomendaciones que el Parlamento realiza a la Comisión. Queda pendiente que tanto la propia Comisión Europea como los diferentes gobiernos hagan realidad lo aprobado por los representantes de la ciudadanía europea.
