La bancarización de las cajas de ahorro
Artículo de Opinión de Miguel Gonzalez Lastra, gerente de la Agrupación Asturiana de Empresas de Economía Social (ASATA)
El proceso de bancarización de las cajas de ahorro no ha sido objeto de la suficiente y necesaria reflexión por parte de los agentes sociales. El debate se ha centrado en aspectos como la recapitalización, la reestructuración de personal o la pérdida del control político de las mismas. Si bien es cierto que éstos son aspectos muy importantes, no se ha ido al fondo de la cuestión para tratar de vislumbrar las consecuencias futuras de dicho proceso. Organizaciones como EKAI Center, centro de investigación y difusión de políticas públicas relacionadas con la economía social, lleva tiempo analizando la bancarización de las cajas de ahorro españolas desde un punto de vista empresarial. Ese es el debate que desde la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) echamos en falta.
En algunos foros y espacios profesionales se intenta hacer creer que las cajas de ahorros son un atavismo, y que todo el sistema financiero debe ser privado. Desde el otro lado se reclama la vuelta de una banca pública que intervenga en el mercado, y se hacen experimentos a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y otros organismos que finalmente tienen poco éxito. En el fondo del problema está la confusión entre lo ‘público’ y lo controlado por alguna de las administraciones públicas. Que algunas cajas se hayan comportado como bancos privados o hayan servido a intereses particulares es lo que ha hecho que se ponga en duda su continuidad ahora que la crisis azota los mercados financieros, pero estas malas prácticas no deben conducir a la desaparición de esta figura, sino a reformas en su gestión y gobierno que impidan que se reproduzcan.
Tanto las cajas de ahorros como las cooperativas de crédito están en la base de la pirámide financiera, y son entidades cercanas a su clientela y claves para la democratización financiera; resultado de una apuesta social, económica y política por un sistema financiero enraizado y configurado como base del desarrollo socio-económico, donde la sociedad civil tiene un espacio importante de participación y recibe a través de la obra social una compensación por su contribución a la obtención del beneficio.
Los países que defienden un modelo de economía social en el sistema financiero, basado en las cajas de ahorro y cooperativas de crédito, nos han demostrado la importancia de la titularidad de las entidades financieras. El compromiso de éstas con los territorios supone potenciar el desarrollo de la industria y de la economía real, así como mejorar la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Estas entidades apuestan por el tejido socio-económico y por la economía real de una forma sustancialmente más clara que la banca privada. Además, si el sector privado opera sin contrapeso, existen importantes riesgos: descapitalización, desvío de capital hacia inversiones especulativas, desincentivación de las inversiones productivas, reducción de la financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) o la exclusiva dependencia de agentes económicos externos.
Nos encontramos, pues, en un punto de inflexión que está determinando el inicio de una progresiva pérdida del control, a medio o largo plazo, de las cajas de ahorro por parte de los territorios. Este hecho puede suponer la desaparición del compromiso de estas entidades con las pymes y con la estructura económica de muchas zonas, particularmente las rurales.
El tejido empresarial no debería aceptar que, en los peores momentos de la crisis, se adopte una medida estructural como la que nos ocupa, y que discurre en dirección contraria a la lógica. Facilitar el desenraizamiento de la base de nuestro sistema financiero, y poner nuestras estructuras financieras al servicio de las mal llamadas «oportunidades estratégicas de inversión en otros entornos», supondría sustituir la estrategia de compromiso de las cajas con el tejido socio-económico del territorio por una mera expansión geográfica del sector financiero.
Para finalizar, y sin perjuicio de las diferentes opiniones que puedan existir sobre la conveniencia o no de introducir determinadas mejoras en la configuración institucional de las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, éste es el momento en el que los agentes sociales deben apostar por un sistema financiero al servicio del desarrollo productivo, de la economía real y del tejido socio económico.
