Sobre la Ley de Economía Social

EDITORIAL

Las cooperativas, como asociación de personas unidas voluntariamente, bien para lograr un empleo, o una vivienda, o unas mercancías más económicas, o vender mejor las producciones agrícolas y ganaderas, en definitiva, para encontrar una solución que solvente sus necesidades y aspiraciones, nacieron hace más de cien años –existen formalmente desde el año 1895– y aún en la actualidad, se crean, mantienen y crecen.

Su código de conducta y actuación se fijó en los denominados Principios Cooperativos, que a lo largo de estos años se han convertido en seña de identidad de un modelo de gestión empresarial democrático, participativo, equitativo, solidario con el entorno en el que actúan, de tal manera que otras fórmulas empresariales, nacidas con posterioridad o reinventadas empresarialmente, se han nutrido, a lo largo de estos años, de estos principios.

Así, se ha dado forma y entidad a la denominada “economía social”, que ha reunido y reúne bajo su concepto a las cooperativas en sus diversas formas, –esto es, cooperativas de trabajo asociado, de viviendas, de transporte, de enseñanza, agroalimentarias, de consumo y de servicios–, con las mutualidades de previsión social, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y las sociedades laborales.

A partir de aquí, durante años se ha dado carta de identidad a una denominación que no tiene una definición legal. En los últimos 25 años se ha generado una corriente que ha permitido delimitar el concepto de economía social como aquella parte de la economía que existe entre la economía pública y la economía privada capitalista, sin marco jurídico que la ampare.

Esta situación ha cambiado. Ya existe un proyecto de ley, la Ley de la Economía Social, que antes del verano tendrá entrada en el Parlamento español, para su tramitación y aprobación.

Estamos seguros de que será aprobada porque su puesta en marcha es el resultado de una demanda del sector, conformado por las organizaciones representativas de las entidades citadas, y que ha sido recogida tanto por el Gobierno en su programa electoral, como por otras fuerzas parlamentarias, que en el transcurso de la presente legislatura han visto la conveniencia de la regulación jurídica para este tipo de empresas.

Un proyecto acorde

Desde la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) hemos trabajado durante todo este tiempo por la existencia de una regulación real y acorde con la propia realidad jurídica que se configura bajo el paraguas de la economía social.

Se ha trabajado para que el proyecto legislativo no inunde campos de actuación que ya están recogidos en otras normativas, son las que dan la naturaleza jurídica a las diversas entidades que componen la economía social en el territorio español.

Por eso, es importante, que en este momento, ante la posible interrogante de la célebre frase popular de si es preferible ser cola de león o cabeza de ratón, como ya se ha enunciado en algún foro público, se dé respuesta, como ya se ha hecho, y se sea acorde con lo trabajado.

Este dicho popular a nosotros nos trae a la mente otra frase más contundente y que nos convence más: “la unión hace la fuerza”. Sólo queremos agregarle un ligero matiz a la frase: es necesario tener muy en cuenta que el todo no anule las partes. Esta es la auténtica fuerza y fortaleza de la democracia participativa.